La Superintendencia de Bancos del Ecuador y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) realizaron las primeras mesas técnicas orientadas a revisar y actualizar la normativa clave para la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros riesgos asociados. Estas acciones se desarrollan en concordancia con la nueva Ley Orgánica de Prevención y los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
Las actividades se llevaron a cabo en el marco del proyecto DISRUPT, que impulsa acciones integrales para reforzar las capacidades del Estado ecuatoriano frente al crimen organizado y los flujos financieros ilícitos.
Las mesas técnicas, desarrolladas el 6 y 8 de agosto en Quito, reunieron a equipos técnicos y jurídicos de ambas instituciones para analizar instrumentos normativos prioritarios, como la Norma de Control para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ARLAFDT), la calificación de Oficiales de Cumplimiento y el Sandbox regulatorio.
El proceso incluyó una revisión comparada con estándares internacionales, la incorporación de buenas prácticas de países como Perú, Colombia y Uruguay, y la formulación de recomendaciones jurídicas preliminares por parte de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC). Estos insumos serán validados con los equipos técnicos y jurídicos de la Superintendencia de Bancos para consolidar los documentos finales.
De manera transversal, la iniciativa prevé una sesión técnica regional para el intercambio de experiencias con organismos de control de América Latina, cuyos resultados servirán para enriquecer el diseño normativo y a fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra los delitos financieros.
Con este trabajo conjunto, la Superintendencia de Bancos y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito avanzan en la armonización normativa y en el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional e internacional, contribuyendo a un sistema financiero más seguro, sólido y resiliente frente a las amenazas del crimen organizado.
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