Diario La Hora
Ruth Arregui, superintendente de Bancos, explicó que luego del esfuerzo hecho, a partir de la crisis bancaria de 1999, el país caminaba a crear una red sólida de seguridad e inclusión financiera y buena supervisión, pero eso se comenzó a torcer en 2008.
“Todo el marco legal fue poco a poco desbaratándose de forma tal que, hacia 2014, se expidió el Código Orgánico Monetario y Financiero y esta normativa terminó de devastar toda la institucionalidad que tenía que ver con seguridad e inclusión financiera”, dijo.
Además, las distorsiones se profundizaron en 2012, cuando se expidió la Ley de Economía Popular y Solidaria, donde parte del sector financiero pasó a control de una Superintendencia, que a su vez tiene que controlar a toda la economía real en términos de cooperativas y asociaciones.
“Es triste que hoy tenemos alrededor de 40% del sector cooperativo entre liquidado, excluido y fusionado. Son alrededor de 400 instituciones que han salido del sector”, aseveró.
Lo político sobre lo económico
En este sentido, Arregui afirmó que uno de los mayores aspectos perjudiciales es que el marco legal se contrapone con lo que dice la Constitución. Por ejemplo, cuando se permite que una Junta de Política Monetaria y Financiera, que es básicamente medio gabinete presidencial, limite y norme las responsabilidades de control y supervisión, que son potestad de las superintendencias.
“Las cifras no mienten. Esto que le ha sucedido a Ecuador, sobre la desinstitucionalización, queda evidenciado en el Microscopio Global, donde el país ocupaba, en cuestiones de inclusión financiera, el lugar 3 en 2008. Cómo habrá sido de malo el marco regulatorio que, 10 años después, caímos a la posición 25”, puntualizó. (JS)
A contrarreloj
° Hasta el 30 de junio deben llegar a la Asamblea las reformas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. El FMI pide que se limite la discrecionalidad del Gobierno para enmendar el presupuesto aprobado, restringir el uso de Certificados de Tesorería (Cetes) para financiamiento de corto plazo, definir las normas de gasto para el sector público no financiero, establecer plazos claros para la presentación de facturas por parte de proveedores y fechas de pago.
Con ese mismo plazo se debe publicar un reglamento que garantice la publicación de estados financieros anuales de todas las empresas públicas.
Quito, 21 junio 2019
