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Superintendencia de Bancos en coordinación con UAFE activa acciones de control a personas naturales vinculadas al denominado Caso Encuentro

La Superintendencia de Bancos remitió un requerimiento formal de información, en el marco de sus funciones de supervisión del sistema financiero nacional.

Este acto forma parte del fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y acciones preventivas, a nivel nacional, orientados a seguir garantizando la transparencia e integridad de todo el sistema financiero ecuatoriano.

El requerimiento se sustenta en lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero y, en el artículo 65 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del delito de Lavado de Activos y de la Financiación de otros Delitos que otorga la competencia de las entidades de control y supervisión en materia de prevención del delito de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

La solicitud, realizada en articulación con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) en virtud del convenio interinstitucional vigente entre ambas instituciones, abarca información correspondiente al período entre enero de 2021 y diciembre de 2024, respecto a procesos de debida diligencia aplicados a personas naturales identificadas en análisis de inteligencia financiera vinculados al denominado Caso Encuentro, sin que esta solicitud implique determinación de responsabilidad alguna.

Entre los requerimientos constan detalles sobre productos financieros, expedientes de vinculación y conocimiento del cliente, perfiles de riesgo en materia de lavado de activos, alertas generadas por sistemas de monitoreo transaccional, así como la eventual presentación de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).

La Superintendencia de Bancos analizará la información que sea remitida y gestionará el debido proceso en coordinación con las autoridades competentes.

La Superintendencia de Bancos reafirma su compromiso de seguir actuando con independencia técnica, rigor jurídico y coordinación interinstitucional para continuar con el fortalecimiento de la prevención del riesgo de lavado de activos y proteger la confianza en el sistema financiero.

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