La Superintendencia de Bancos tiene como misión supervisar y controlar las actividades que ejercen las entidades financieras, con el propósito de proteger los intereses de la ciudadanía. Para el cumplimiento de este objetivo, el personal de este organismo de control recibe capacitación continua que le permita desarrollar sus actividades con eficiencia, calidad, ética, transparencia y responsabilidad.
En ese contexto, la Superintendencia de Bancos y la Corporación de Participación Ciudadana organizaron una capacitación en: “Transparencia en la gestión pública y acceso a la información”, la misma estuvo que dirigida a todo el personal que labora en el área de atención al usuario financiero de la SB.
Este evento contó con la participación de: Ruth Arregui Solano, Superintendente de Bancos; Rosa Matilde Guerrero, Asesora de la Superintendencia de Bancos; Simón Jaramillo, Subdirector de la Corporación de Participación Ciudadana; y William Gándara, Técnico de Participación de la Corporación de Participación Ciudadana.
La máxima autoridad de la SB destacó varias de las acciones emprendidas durante el primer año de gestión, enmarcadas en la reinstitucionalización de esta entidad, entre las cuales están: los Memorandos de Entendimiento firmados con varias entidades internacionales, el acuerdo con Toronto Centre, entidad de prestigio en temas de capacitación para la supervisión bancaria y el cumplimiento actual del 92% que tiene la SB para obtener la Certificación ISO 37001 Anti- Soborno.
Jaramillo resaltó que gracias a la apertura que ha tenido la actual administración de la SB se pueden fortalecer los procesos de transparencia implementados en esta institución. Acotó que cumplir de manera correcta con la normativa requerida proporciona una buena imagen de la entidad y del trabajo que realizan sus funcionarios.
Una de las temáticas abordadas en el evento fue el acceso a la información pública. La Superintendencia de Bancos es depositaria de la información de las y los usuarios financieros, lo que conlleva a sus servidores deban custodiar y asegurar su integridad, autenticidad y disponibilidad; así como garantizar la protección de la reserva y confidencialidad de aquella información sensible y personal de la ciudadanía.
Quito, 19 junio 2020
