El doctor Juan Carlos Novoa, Superintendente de Bancos (e), recibió hoy, a un grupo de maestros, presidido por Marlon Tenecela; posteriormente, a los representantes de la Asamblea General de Partícipes del Fondo de Cesantía, encabezado por Alajita Ibarra, Francisco Amaiquema, Rina Touma y Nelly Pino.
La máxima autoridad de la Superintendencia de Bancos informó a los representantes antes mencionados, que está actuando conforme a la notificación emitida por la Contraloría General del Estado, el viernes 15 de febrero de 2019, fecha en la que este Organismo de Control conoció sobre el ”Examen especial al cumplimiento de los requisitos para el traspaso de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados y la administración de los mismos en el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Superintendencia de Bancos y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de junio de 2014 y el 30 de junio de 2018”.
También les indicó que de los resultados del examen, se desprende tanto en los comentarios como en las conclusiones y recomendaciones, existen disposiciones para cumplimiento de la Superintendencia de Bancos y que éstos, conforme lo establece el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, deben ser aplicados de manera inmediata y con el carácter de obligatorio.
Al respecto, les informó que este organismo de Control, actuó y actúa de acuerdo a lo señalado en el examen, por lo que de forma inmediata se tomaron las medidas respectivas, para que los administradores de los fondos, preserven la integridad y calidad de los activos de los fondos complementarios mencionados.
De manera enfática manifestó que la Superintendencia, conforme a las recomendaciones de la Contraloría General del Estado, verificará que previo a la aplicación de las disposiciones legales y normativas, se cumplan de manera estricta y documentada las condiciones estipuladas en tales disposiciones a fin de contar con la información efectiva y completa, para la adecuada toma de decisiones respecto a lo determinado por la Contraloría General del Estado.
Quito, febrero 20 de 2019
