La Superintendencia de Bancos, como organismo técnico de supervisión y control, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales ha implementado una serie de medidas integrales para contribuir a la estabilidad del sistema bancario, la protección de los depositantes, afiliados y pensionistas, en apego a las mejores prácticas internacionales y a las reuniones de trabajo compartidas con supervisores bancarios de las américas (ASBA), el Banco Pagos Internacionales (BIS), entre otros.
Frente a los potenciales efectos derivados de la pandemia del COVID-19, y en una economía dolarizada como la ecuatoriana; la Superintendencia de Bancos desde mediados de marzo de 2020, propuso a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera (JPRMF), un conjunto de medidas de carácter integral, como:
i) Diferimiento voluntario (entre prestatarios e entidades financieras), para proporcionar alivio financiero a MIPYMES, hogares y empresas;
ii) En el mismo mes se propuso la creación de un “Fondo de apoyo a la MIPYME, cadenas de valor y empleo” para dotar de liquidez a los hogares, mipymes y empresas (ilíquidas pero solventes) afectadas por el COVID-19 a través de la reprogramación y/o reformulación de la cartera de préstamos con los organismos multilaterales de crédito;
iii) La reducción temporal de los recursos que aportan las entidades bancarias al Fondo de Liquidez, para compensar la salida de depósitos que han tenido por efectos de la pandemia COVID-19, recursos que serán restituidos al volver a los niveles de la nueva normalidad; y,
iv) Una propuesta de sistema de tasas de interés que reduzca los segmentos de tasas de interés por tipos de crédito, con el objetivo de propiciar un sistema más sistema inclusivo, eliminando las asimetrías y el arbitraje regulatorio
